La conocida “mafia de los pagarés” salió a la luz pública a finales del año 2023, cuando comenzaron a viralizarse en redes sociales denuncias de personas que afirmaban haber firmado un documento sin validez legal o haber sido víctimas de adulteraciones en contratos, y que ahora enfrentaban demandas judiciales millonarias por pagarés que nunca suscribieron con los montos reclamados.
Las primeras denuncias hablaban de intereses usureros, firmas falsificadas, y juicios express en tribunales que no ofrecían ninguna posibilidad de defensa.
En los primeros meses de 2024, medios de comunicación y abogados comenzaron a investigar y a documentar irregularidades sistemáticas. Se detectó que muchas de las demandas eran impulsadas por un mismo grupo de abogados, escribanos y prestamistas, que operaban en complicidad con funcionarios judiciales para agilizar embargos salariales, en especial contra funcionarios públicos. El caso alcanzó notoriedad nacional cuando se comprobó que cientos de docentes y trabajadores de salud pública estaban siendo embargados sin haber sido notificados correctamente.
A mediados de 2024, surgieron estimaciones de que habría más de 10.000 personas afectadas por este esquema, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica.
La presión pública llevó a que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución para auditar los procesos judiciales relacionados a estos pagarés. También intervinieron el Ministerio de la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Congreso Nacional y el Ministerio Público, abriendo investigaciones sobre la red que operaba detrás de estas estafas.
Ya en 2025, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública comenzaron a trabajar en conjunto para recabar información de las instituciones públicas sobre cuántos funcionarios estaban siendo embargados. Se pidió al Ministerio de Salud, Educación y otras carteras que informen los montos descontados por orden judicial y los pagarés involucrados.
Al mismo tiempo, desde el Congreso, se exigió una revisión del marco legal que permite demandas sin audiencia previa de los supuestos deudores.
Actualmente, el caso sigue abierto y el reclamo principal de las víctimas es la suspensión de los embargos mientras dure la investigación. A pesar de las acciones judiciales y políticas, hasta ahora no se ha desarticulado completamente la red ni se ha logrado una reparación integral para los afectados. Queda pendiente también una revisión legislativa sobre el uso de pagarés como instrumento judicial, así como sanciones ejemplares a los responsables directos del fraude.
Mientras tanto, el abogado Jorge Rolón Luna, uno de los defensores de algunas víctimas trabaja para elaborar una lista de las víctimas de este esquema.
La principal medida propuesta es la creación de un Registro Nacional de Pagarés y Títulos de Crédito. Este registro tiene como objetivo proporcionar un sistema centralizado para rastrear y verificar estos documentos, evitando la reutilización de pagarés cancelados y reduciendo la probabilidad de fraude.
También se está discutiendo la implementación de pagarés electrónicos como una forma de mejorar la seguridad y la trazabilidad. El registro propuesto también tiene como objetivo combatir la usura, lo que sugiere que la «mafia de los pagarés» también podría haber estado vinculada a prácticas de préstamos predatorias.
IMPUTADOS
En el marco de la investigación sobre la denominada «mafia de los pagarés» en Paraguay, hasta la fecha se ha imputado a un total de 68 personas. Entre los imputados se encuentran:
- Jueces de Paz: Cinco magistrados, incluyendo a Gustavo Villalba Báez del Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, han sido imputados por presuntos hechos de prevaricato y producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
- Funcionarios judiciales: Actuarios, ujieres y oficiales de justicia de diversos juzgados de Asunción, sumando un total de 63 personas, enfrentan imputaciones por su presunta participación en el esquema delictivo.
- Abogados: Profesionales del derecho, como Zully Concepción Ortiz García, representante de la firma Vanessa & Asociados SA, han sido imputados por supuesta estafa en relación con la promoción de juicios basados en pagarés falsos o ya cancelados.
La investigación sigue en curso y no se descarta que surjan más imputaciones a medida que se profundicen las pesquisas.
- Fuente: ABC, UH, El Observador, La Nación, Gemini, Chatgpt.
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