La Fiscalía imputó a dos exempleados de una conocida empresa de telefonía celular, acusados de formar parte de un esquema delictivo que permitió el acceso indebido a sistemas informáticos, la alteración de datos, sabotaje de computadoras y estafas bancarias mediante el control de líneas telefónicas ajenas.
La agente fiscal Lorena Ledesma, interina en la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, formuló la imputación contra ambos sospechosos, quienes cumplían funciones clave dentro de la compañía: uno como asesor del call center y el otro como asesor de ventas, con atención directa al público en una tienda del centro comercial de San Lorenzo.
Las investigaciones se originaron luego de que un cliente descubriera que su línea telefónica había sido desconectada sin su consentimiento el 23 de octubre de 2025. La empresa procedió a verificar la situación y constató que el número había sido vinculado a otro teléfono de manera irregular. Lo que parecía un simple inconveniente técnico terminó revelando un complejo esquema criminal que operaba desde dentro de la empresa y que se extendía hasta dispositivos utilizados desde la Penitenciaría Regional de Cambyretá, en Encarnación.
DETALLES
Según consta en la investigación, el número afectado sufrió tres cambios de SIM card sin autorización del titular. El primero fue procesado el 23 de octubre por el asesor del call center, lo que permitió que la línea registrara tráfico desde aparatos ubicados en la penitenciaría. Aunque el titular recuperó la línea al día siguiente, el segundo cambio fue ejecutado apenas horas después, a las 21:37 del 24 de octubre, disparando nuevamente tráfico irregular, esta vez desde la ciudad de Caacupé. La recuperación definitiva recién se logró el 25 de octubre a las 10:25.
La gravedad del hecho aumentó cuando, el 4 de noviembre, se detectó un tercer acceso ilegítimo, cometido esta vez presuntamente por el asesor de la tienda en San Lorenzo. En esa ocasión, además de tomar control del número telefónico, los responsables habrían ingresado a la banca electrónica, archivos personales, WhatsApp y redes sociales de la víctima. Todo esto fue posible debido a que la línea intervenida estaba asociada tanto al correo electrónico como a la cuenta bancaria del usuario.
Luego de los incidentes, la empresa telefónica formalizó la denuncia el 29 de octubre de 2025, lo que permitió avanzar en la recolección de pruebas y la imputación de ambos sospechosos.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión mientras avanza la investigación.
Modus operandi
La investigación fiscal permitió reconstruir el funcionamiento del mecanismo delictivo utilizado para tomar el control de la línea telefónica de la víctima y, posteriormente, de sus cuentas digitales y bancarias.
- Acceso interno a los sistemas de la telefónica
Los imputados, aprovechando su condición de funcionarios, utilizaban los sistemas internos de la compañía para procesar cambios de SIM card sin autorización del titular. Esto les permitía desactivar la línea original y redirigirla hacia un nuevo chip colocado en celulares vinculados a terceros. - Derivación del número a teléfonos de reclusos
Tras cada cambio, la línea empezaba a registrar tráfico desde dispositivos ubicados dentro de la Penitenciaría Regional de Cambyretá y otros puntos del país, lo que sugiere que la información robada era utilizada por grupos delictivos con acceso a esos equipos. - Control total de la identidad digital de la víctima
Con la nueva SIM en su poder, los responsables recibían:- mensajes SMS,
- códigos de verificación,
- notificaciones bancarias y de redes sociales.
- Esto les permitió resetear contraseñas y acceder a la cuenta bancaria, correo electrónico, WhatsApp y otras plataformas personales.
- Realización de operaciones financieras
Una vez dentro de las cuentas, el grupo habría ejecutado transacciones bancarias y operaciones de transferencia, sin que la víctima pudiera intervenir, ya que su número legítimo había quedado fuera de servicio. - Reincidencia sistemática
Aunque la línea fue recuperada varias veces, desde dentro de la empresa se realizaban nuevos cambios en cuestión de horas, dificultando la defensa del usuario y prolongando los accesos ilegales.
Este modus operandi evidencia una estructura que combinaba complicidad interna, acceso privilegiado a sistemas corporativos y coordinación con terceros que ejecutaban la parte operativa desde fuera, incluso desde establecimientos penitenciarios.
