Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) arroja cifras que obligan a repensar políticas públicas y los servicios: de los 5.644.232 habitantes de 5 años o más, 299.839 personas (5,3%) presentan alguna dificultad o limitación permanente para realizar actividades cotidianas.

Detrás del número están vidas que requieren atención específica: 128.349 son hombres y 171.490, mujeres, lo que evidencia una mayor prevalencia femenina.

Más que ven menos

El dato es un producto del Censo del 2022 y lo más llamativo del relevamiento es el tipo de discapacidad: la visual encabeza la lista, afectando al 57,9% de las personas con alguna limitación.

Luego, se ubica la discapacidad motriz, que alcanza al 55,5%.

Estas cifras ponen de relieve la dimensión de necesidades sanitarias, de rehabilitación y de accesibilidad que exige el país.

Brechas territoriales

La distribución por departamentos muestra disparidades notables. Ñeembucú registra la mayor prevalencia relativa, con un 7,0% de su población mayor de 5 años afectada, un fenómeno que guarda relación con el mayor índice de envejecimiento de ese territorio. Luego, Paraguarí con 6,3% y Caazapá con 6,2%.

En el extremo opuesto se encuentra Canindeyú, con la tasa más baja: 3,5%.

Implicaciones para políticas públicas

Las cifras revelan prioridades claras:

• Salud y prevención: mayor acceso a exámenes preventivos, diagnóstico temprano y tratamientos oftalmológicos accesibles, dado el predominio de la discapacidad visual.
• Rehabilitación y equipamiento: servicios de terapia motora y ayudas técnicas para quienes presentan limitaciones motrices.
• Inclusión y accesibilidad: adaptación del espacio público, transporte y entornos educativos y laborales para garantizar la participación plena.
• Enfoque de género: programas específicos que aborden la mayor prevalencia entre mujeres.
• Descentralización: refuerzo de capacidades en departamentos con mayor prevalencia y envejecimiento poblacional.

Un llamado a la acción

El registro censal arroja una radiografía preocupante pero clara: casi 300.000 ciudadanos requieren respuestas integradas y sostenidas.

Más allá de la estadística, se trata de derechos a la salud, educación, trabajo y movilidad, que deben traducirse en políticas concretas.

El desafío es combinar la inversión en servicios de salud visual y motriz con medidas de inclusión social que lleguen a cada rincón del país.