El VIII Informe Periódico presentado ante el Comité CEDAW destaca la ampliación de servicios de atención, programas de inclusión económica y medidas de protección. Sin embargo, reconoce que siguen pendientes reformas legales, políticas de igualdad salarial, mayor presupuesto institucional y mecanismos para garantizar una participación política más equitativa. Una encuesta nacional revela que el 78,5% de las mujeres sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Paraguay registra avances en la implementación de políticas públicas destinadas a promover los derechos de las mujeres, aunque persisten importantes brechas en materia de igualdad, acceso a la justicia, autonomía económica y prevención de la violencia. Así lo expone el VIII Informe Periódico presentado por el Estado paraguayo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención internacional en esta materia.

El documento recopila acciones desarrolladas por distintas instituciones públicas, leyes aprobadas, programas implementados y resultados registrados, pero también identifica limitaciones presupuestarias, iniciativas legislativas que no prosperaron y políticas que todavía se encuentran en proceso de aprobación o implementación.

Los avances: más servicios, protección y oportunidades económicas

Entre los principales avances, el informe destaca el fortalecimiento de la atención integral a mujeres mediante el Centro Ciudad Mujer, que articula servicios de 13 instituciones públicas en seis módulos, incluyendo salud sexual y reproductiva, empoderamiento económico y prevención de la violencia.

En materia de protección, se reportan más de 74.000 atenciones en los primeros seis años de funcionamiento del centro. Asimismo, durante 2023, los servicios del Ministerio de la Mujer brindaron atención integral a 5.188 mujeres, con un total de 11.985 prestaciones psicológicas, jurídicas y sociales.

El sistema también dispone de la línea gratuita 137, habilitada las 24 horas para recibir denuncias y brindar contención emocional y orientación especializada. A esto se suman centros regionales, albergues y protocolos de atención para víctimas de violencia. La Defensa Pública, por su parte, asistió a 14.498 mujeres en situación de violencia entre 2020 y 2023.

En el ámbito sanitario, el documento destaca la ampliación de los servicios de atención integral para adolescentes, que pasaron de 24 establecimientos en 2019 a 107 en 2023. También menciona la instalación de 136 nuevas Unidades de Salud de la Familia desde 2017, alcanzando un total de 936 establecimientos en el país, aunque la cobertura del primer nivel de atención se sitúa en el 37%.

Se resaltan además las medidas de prevención y detección del cáncer de cuello uterino y de mama, la incorporación del test de VPH como herramienta de tamizaje y la provisión gratuita de productos de gestión menstrual, establecida mediante la Ley 6993/2022.

En cuanto a la autonomía económica, el informe señala que 54.196 mujeres recibieron capacitación del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral entre 2018 y 2023, incluidas 497 mujeres indígenas. Asimismo, 3.954 mujeres rurales fueron beneficiadas con acciones formativas durante 2022 y 2023.

Otro resultado destacado corresponde al acceso a la tierra. El INDERT redujo del 12% al 0% las tasas de interés para mujeres que pagan sus lotes, medida que, según el reporte, contribuyó a un incremento del 114% en los títulos definitivos otorgados a esta población. Entre 2022 y 2023, el 44% de las titulaciones de tierras fueron destinadas a mujeres.

También se reportan programas de financiamiento para emprendedoras y productoras rurales. La Agencia Financiera de Desarrollo otorgó créditos por USD 338,66 millones entre julio de 2022 y julio de 2023, con una participación del 38% de mujeres entre las beneficiarias.

En el plano institucional y normativo, Paraguay cuenta con la Ley 5777/2016 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, protocolos de actuación para policías y operadores de justicia, y mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir y atender casos de violencia y trata de personas.

Las deudas: violencia persistente y reformas que no avanzan

Pese a las políticas y programas implementados, uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a la violencia contra las mujeres. La Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en Paraguay (ENSIMUP 2021), realizada sobre una muestra de 4.000 hogares, registró que el 78,5% había experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Además, el 40,6% manifestó haberla sufrido durante los últimos 12 meses.

La medición contempla violencia psicológica, económica, sexual y física. Estas cifras evidencian la magnitud del problema y el desafío que representa transformar las políticas de prevención y protección en resultados concretos que reduzcan la incidencia de estos hechos.

La trata de personas también constituye una preocupación. Los registros del Ministerio Público correspondientes al periodo 2017-julio de 2021 contabilizaron 500 denuncias, 99 ingresos al Poder Judicial y 11 condenas privativas de libertad. En otro balance, correspondiente a 2021-2023, se informa que fueron asistidas 245 víctimas de trata, de las cuales 206 eran mujeres, incluidas 26 niñas y adolescentes.

Otra de las debilidades reconocidas es la falta de una ley general contra toda forma de discriminación. El proyecto correspondiente fue presentado en 2015, pero el propio informe señala que continúa sin recibir tratamiento parlamentario.

También permanece pendiente la aprobación de una legislación que garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los sectores público y privado. Los proyectos existentes se encontraban en su primer trámite constitucional al momento de elaborarse el documento.

En materia de participación política, el informe reconoce que el proyecto de Ley de Paridad Democrática terminó archivado después de modificaciones legislativas y el veto del Poder Ejecutivo, aceptado posteriormente por la Cámara de Diputados. Si bien el Tribunal Superior de Justicia Electoral desarrolló programas de capacitación y promoción del liderazgo femenino, el documento no presenta un balance cuantitativo de la representación de mujeres en los cargos electivos alcanzados.

En el ámbito laboral y social, otra política pendiente es la Política Nacional de Cuidados, que busca distribuir las responsabilidades domésticas y familiares entre hombres y mujeres, así como promover la corresponsabilidad entre las familias, el Estado y la sociedad. Al momento del informe, se encontraba en fase de aprobación.

También se reconoce que Paraguay todavía no cuenta con una ley especial de salud sexual y reproductiva, mientras se encontraba en elaboración un nuevo plan nacional para esta área. A esto se suma que el proyecto de ley que busca tipificar el trabajo infantil peligroso y el criadazgo, presentado en 2016, seguía pendiente de tratamiento legislativo.

El financiamiento institucional constituye otra limitación. El informe señala que el Ministerio de la Mujer recibió alrededor de G. 26.000 millones en 2019, pero advierte que persiste la necesidad de aumentar los recursos para garantizar la ejecución eficiente de programas estratégicos, como el Observatorio de la Mujer y Ciudad Mujer. También reconoce que la pandemia de COVID-19 provocó ajustes presupuestarios y que la institución se encontraba en proceso de recuperación de esos recursos.

Una agenda que todavía requiere resultados

El balance presentado ante Naciones Unidas muestra que Paraguay dispone de un marco normativo, instituciones especializadas y diversos programas destinados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Sin embargo, la existencia de leyes, protocolos y servicios no ha eliminado las desigualdades ni ha logrado contener la magnitud de la violencia.

Las cifras de la encuesta nacional, las dificultades para avanzar con reformas legislativas y las limitaciones presupuestarias reflejan que el desafío no pasa solamente por ampliar las políticas existentes, sino por garantizar su aplicación efectiva, cobertura territorial, financiamiento y capacidad de respuesta.

En definitiva, el propio reporte estatal permite identificar una distancia entre los compromisos asumidos y los resultados que todavía deben alcanzarse para garantizar una igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades para las mujeres paraguayas.